En el debate presidencial ante Daniel Martínez, el nacionalista Luis Lacalle Pou, dijo que hay vecinos “asolados por la delincuencia”, a quienes sacan de sus casas debido a que “el gobierno ha cedido terreno”. “Tanto, que el subdirector de la Policía Nacional argumentó que es una cosa natural que la policía retroceda para evitar un daño mayor. En nuestro gobierno, la policía solamente va a ir para adelante”, agregó Lacalle Pou.

Sobre estas expresiones, Garcé, asesor de seguridad del candidato del Partido Nacional, dijo en No toquen nada que se refería al “cumplimiento estricto de la Constitución y la ley hasta el límite máximo, y sin desbordar medio milímetro más”.

Consultado sobre si, en algún caso, no era una estrategia atendible para la policía la de retroceder para evitar un daño mayor, Garcé dijo que hay que actuar con ponderación, como marca la Ley de Procedimiento Policial, pero que “eso no quiere decir retroceder”. “Lo que ha hecho la policía por orden del Ministerio del Interior es retroceder, llegar hasta la orilla y no animarse”, añadió.

El asesor de Lacalle Pou dijo que en un gobierno del Partido Nacional darían “directivas precisas a la policía y en cumplimiento de esas directivas será la autoridad policial interviniente la que determinará de qué manera se realizará el procedimiento”; y que “si se retrocede un paso, es para avanzar tres que, en definitiva, no es retroceder”.

Para Garcé, la línea del Ministerio del Interior “ha sido, por la vía de los hechos, por la omisión”. “Cuando pone tres policías para 700 internos está cediendo el terreno en cárceles. Cuando desaparece de zonas del interior profundo, está cediendo el territorio. Desaparece, literalmente”, comentó.

Consultado sobre si la formulación de Lacalle Pou no era una referencia más orientada al coraje y la fuerza de voluntad política que a la estrategia y la inteligencia, Garcé dijo que “la inteligencia es clave” y amplió lo que el candidato planteó en el tiempo disponible en el debate.

“Es el problema de los cuatro minutos del debate. Acá no se trata de embestir ciegamente. En todo momento, Luis ha destacado la importancia que tiene la inteligencia, ha dicho que en esto es el 70 u 80 %, y estoy de acuerdo. Es evidente que nosotros actuaremos con firmeza y con ponderación, que es absolutamente necesaria”, argumentó el asesor.

Legítima defensa

Garcé habló de una de las medidas que adoptaría un gobierno del PN, que incluiría la modificación del artículo 26° del Código Penal, para introducir una presunción de legítima defensa para el accionar policial.

Hugo De León, subdirector nacional de Policía, había dicho a No toquen nada que no le veía sentido a esta medida, que no era necesaria y que ya estaba consagrada. “Ahí se presumiría que el policía cuando hace uso del arma de fuego es inocente. Y sí, obviamente que es inocente, si rige el principio para todos los ciudadanos de presunción de inocencia. Por otro lado, el artículo 28°, que también se nombra en la Ley de Procedimiento Policial, plenamente vigente para la policía, está exento de responsabilidad el policía cuando utiliza el arma de fuego como último recurso. Está ejecutando un acto ordenado y permitido por la ley”, dijo De León.

Garcé discrepó con el jerarca policial, y dijo que “la presunción de inocencia no rige en los hechos para la policía en la vía administrativa, donde lo que existe es lo contrario, una presunción de culpabilidad”.

En 2019, efectivos policiales han abatido a 27 personas y ninguno de ellos ha tenido un problema de formalización o de condena. Al respecto, el asesor del PN dijo que eso se debe a una realidad de este año y que “evidentemente hay un cambio” que no se condice con lo sucedido en los otros años de gobierno del Frente Amplio.

Garcé dijo que “estaban ejecutando a policías, matándolos a sangre fría” y que “se ve que hubo allí una lectura u orden distinta” desde el Ministerio del Interior para 2019. Añadió que el hecho de que no tuvieran problemas en la Justicia “queda librado a la discrecionalidad del fiscal y el juez” y que el proyecto del PN busca “que la policía tenga las garantías y la certeza de que cuando utiliza un recurso de fuerza letal, si lo hace bien, en la medida en que lo haga dentro de la Constitución y la ley, va a tener el respaldo del Estado”.