Señalan que fueron contratados por llamados abiertos y públicos y que ahora, sin su trabajo, se corre el riesgo de incumplir compromisos internacionales y perder acumulación de años en recursos humanos y equipos de trabajo justo cuando se va a crear un nuevo Ministerio de Ambiente.
El proyecto de Ley de Urgente Consideración crea el Ministerio de Ambiente que se constituirá con los funcionarios actuales de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la Dirección Nacional de Aguas y “todo lo concerniente a cambio climático” del actual Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Sin embargo, al mismo tiempo, trabajadores contratados de estas reparticiones, que representan casi un 40% de los recursos humanos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, advierten sobre posibles costos para el Estado si aplica el decreto de ahorro que el Poder Ejecutivo emitió en marzo para buscar ahorrar recursos.
Hablamos con Soledad Ávila de la Dinama, responsable Participación del Sistema Nacional, una de las voceras del grupo de contratados.
“Para nosotros es una contradicción apostar a crear un ministerio, poner en relevancia un tema que antes no estuvo en el mismo nivel de importancia asignándole una cartera específica y a su vez perder un capital humano en el cual el Ministerio viene invirtiendo en los últimos 30 años. No es un antojo del presidente crear este ministerio, fue votado por todos”, dijo.
Ávila recordó que hace 20 años el Sistema Nacional de Áreas Protegidas fue aprobado por unanimidad.
“Estos temas aunque parezcan menores en la agenda, no lo son en cuanto al apoyo que han tenido en forma unánime ni ahora con al creación de esta ministerio”, afirmó.
El reclamo es que no se aplique este recorte sin “medir el gasto que eso implica”. “Está lejos de ser un ahorro, no considera las necesidades ni los beneficios, ni los perjuicios sobre el medio ambiente”, explicó.
Ávila dijo a No toquen nada que la mayoría de los trabajadores contratados quedarán sin contrato en pocos días. Son 70 de un total 106 trabajadores contratados en la Dirección Nacional de Medio Ambiente que representan el 40% del total de la plantilla de la Dirección.
Además en Dinagua hay 27 contratos (representan el 50% de los profesionales y el 35% de la plantilla) y en la División de Cambio Climático todos los recursos humanos (26) son contratos que se pagan con fondos cooperación internacional en forma de “donación” (no reembolsables, no generan deuda) a partir de convenios internacionales que Uruguay ha ratificado por ley.
Esto hace que este grupo de trabajadores haya planteado que la medida de bajar al 60% el presupuesto de contratos como indica el decreto de austeridad va a hacer colapsar varias funciones que cumplen hoy las dependencias que serán los pilares del futuro Ministerio de Ambiente.
En la comparecencia de las autoridades del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a la comisión que estudia la Ley de Urgente Consideración en Diputados, el 16 de junio, el director Nacional de Medio Ambiente, Eduardo Andrés, respondió a los diputados sobre la capacidad de la Dinama para ejercer sus funciones. Andrés dijo que la Dinama no tiene recursos humanos para realizar tareas de control.
“Si bien la Dirección Nacional de Medio Ambiente tiene potestades de control, todavía no ha generado un staff para abordar todos los ámbitos de acción que tiene para inspección”, dijo.
Ávila dijo a No toquen nada que el actual director Nacional de Medio Ambiente, Eduardo Andrés, les dijo que pidió al Ministerio de Economía y Finanzas respuestas para no tener que aplicar el recorte pero que no recibió respuestas.
“Eso fue lo que nos transmitió en la única reunión que tuvimos. Por los números que vemos las áreas más afectadas, las variables de ajustes, serían biodiversidad y calidad de la Dirección Nacional de Medio Ambiente”, señaló.
Ávila explicó que los funcionarios que quedarían desvinculados en los próximos días son fundamentales para el cumplimiento de funciones básicas de la institucionalidad estatal vinculada al medio ambiente y que se verían afectadas justo en el momento de creación del nuevo Ministerio.
“Nuestra preocupación, nuestro pedido y nuestra voluntad tiene que ver con ser parte de la construcción de ese ministerio, que no se pierdan las funciones que nosotros como trabajadores contratados venimos llevando adelante. Esas funciones tienen que ver por ejemplo con hacer posible medir la contaminación en agua, aire y tierra, el control de ilícitos sobre la flora y la fauna”, ejemplificó.
Una de las advertencias que este grupo de trabajadores realiza al gobierno en una petición formal presentada ante Presidencia, el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y el Ministerio de Economía y Finanzas es que esta situación puede afectar severamente el cumplimiento de las obligaciones y condiciones acordada con UPM en el contrato para su segunda planta en el país.
“Hay una cláusula en la que Uruguay se compromete a fortalecer la Dirección de Medio Ambiente para poder cumplir con los controles necesarios para el funcionamiento de la planta”, dijo.
