Nilza Salvo será votada para asumir como ministra del TCA. El sistema de elección en Uruguay tiene elogios porque el cargo se puede ejercer por un máximo de 10 años y el titular no puede tener más de 70 años. Además está corrido de los períodos de gobierno.
Si bien la elección por antigüedad no supone que no haya calificación, se reclama que el sistema no es transparente al no saber qué piensan los candidatos sobre determinados temas o evaluar su desempeño previo.
Santiago Pereira Campos, profesor titular de Derecho Procesal en la Universidad de Montevideo y expresidente del Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), dijo en No toquen nada que en la mayoría de los países de América Latina ya hay sistemas que incluyen las audiencias públicas para conocer a los candidatos a estos cargos.
“Existe en otros países y es importante decír que en Uruguay existen proyectos de ley. Hay un proyecto de ley elaborado por el Colegio de Abogados en este sentido previendo todo un procedimiento donde por ejemplo los postulantes deban presentar aquellas cinco sentencias que les parezcan más relevantes si son jueces. Y si son abogados o abogadas, que presenten sus trabajos académicos o los principales litigios en los que intervinieron. Además deben presentar su curriculum y someterse a un escrutinio de la sociedad civil con audiencias públicas”, afirmó.
Esas audiencias pueden ser transmitidas por televisión y los candidatos son interrogados por representantes de la sociedad civil sobre las políticas que impulsarían desde el cargo.
Pereira Campos también dio algunos ejemplos de temas en los que puede intervenir el TCA, incluso con mayor alcance que algunas que toma la Suprema Corte de Justicia.
“Por poner algún ejemplo, en una sentencia del año 2009 se impugnó las reestructura organizativa de la Dirección Nacional de Aduanas. Se habia hecho una enorme reestructura y el TCA declaró que era nulo ese acto, ese decreto, y lo hizo con efectos generales. Ahí hay un ejemplo que atañe a criterios de la reforma del Estado”, contó.
El especialista también dijo que en temas jubilatorios entendió que decisiones de la administración para no acumular prestaciones eran nulas.
En otra área donde incide es en las licitaciones, donde puede determinar que una empresa que perdió una concesión tenía más méritos que la que lo había ganado y comprometer la construcciómn de una ruta o cualquier otra obra pública.
Incluso alcanza a temas externos a la adminsitración.
“En materia marcaria, Nacional pidió que se anule la resolución que la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual había concedido con el registro de la marca “Campeón del Siglo, Club Atlético Peñarol”. Nacional impugnó esa resolución entendiendo que el estado no debiera conceder esa marca y el TCA dijo, lamentablemente porque soy de Nacional, que no hacía lugar a la demanda, rechazó el pedido. Dijo que el reclamo no era válido”, afirmó.
