Lavado de activos: por qué algunos profesionales están obligados a reportar casos sospechosos

El exsecretario nacional antilavado, Daniel Espinosa, explicó qué es el lavado de activos y por qué se obligó a algunos profesionales a reportar casos sospechosos.

Actualizado: 04 de abril de 2022 —  Por: Redacción 180

Lavado de activos: por qué algunos profesionales están obligados a reportar casos sospechosos

Daniel Espinoza (José Benítez/ No toquen nada)

Espinosa fue secretario nacional antilavado de 2017 a 2020 y gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay (BCU) de 2000 a 2016.

En una entrevista con No toquen nada, Espinosa explicó que “el lavado de activos es un delito complejo. No se comete con un arma sino que se comete a través de acciones lícitas: comprando un inmueble, haciendo un depósito, haciendo una transferencia de dinero. Entonces, las autoridades tienen dificultades para controlarlo”.

Por esta razón, a nivel internacional se comenzó a definir que el Estado necesitaba la ayuda de quienes participan de esas operaciones, de quienes están en contacto con los clientes.

“A medida que los bancos fueron implementando controles, eso empezó en los años 90, el dinero ilícito se fue desplazando a otras operaciones: inmuebles, compra de yates, obras de arte. Entonces las recomendaciones internacionales fueron atrás de esos dineros ilícitos y se puso como sujetos obligados a los escribanos, los inmobiliarios, los abogados. ¿Cuál es la obligación? Conocer al cliente, tratar de verificar la legitimidad del dinero que manejan y en caso de ver algo raro, informarlo”, agregó.

Según datos del Banco Central del Uruguay, que surgen de un informe de la Superintendencia de Servicios Financieros: el año pasado subieron los reportes de operaciones sospechosas de los bancos y cayeron de forma notoria los reportes de los sujetos no financieros (escribanos, contadores, inmobiliarias, proveedores de servicios societarios).

En 2021 hubo 777 reportes de presentados por el sector financiero, un 24% más que en 2020. Esa es la mayor cifra de reportes desde el inicio de la obligación.

En cambio los reportes de los sujetos obligados no financieros cayeron de 68 a 39, un 43%.

La Ley de Urgente Consideración, recietemente ratificada en un referéndum, estableció una flexibilicación en la obligación de reportar casos sospechosos de los sectores no financieros. Ahora no están obligados a hacerlo cuando la transacción se haga a través del sistema financiero.