El 15 de junio la cuenta Comunicación Juan Sartori subió el siguiente tuit:
Al entrar en las imágenes, se veía claramente el nombre, apellido y cédula de identidad en las tarjetas Medicfarma que reparte la campaña de Sartori. Además, en la imagen principal, el hombre que sostiene la tarjeta también sostiene el formulario completo con los datos proporcionados para acceder a ella.
Ahí se veía con nitidez su nombre, cédula de identidad, dirección con número de puerta, barrio, número de celular y credencial cívica.
El artículo nueve de la Ley 18.331 de Protección de Datos Personales se refiere al principio del previo consentimiento informado y explica que “el tratamiento de datos personales es lícito cuando el titular hubiere prestado su consentimiento libre, previo, expreso e informado, el que deberá documentarse”.
La ley establece algunos casos en los que no es necesario el previo consentimiento pero ninguno de los cinco escenarios aplica a este caso.
Consultado sobre el tema, el precandidato del Partido Nacional dijo que visitaron diferentes lugares y solicitaron datos “en el marco de la campaña como los pide todo el mundo. Se arman bases de datos para poder contactar a quienes tienen interés en recibir información. Es un procedimiento normal”.
“Nosotros estamos haciendo una campaña profesional”– Sartori.
No toquen nada consultó a Rubí Fernández, que sale en la imagen del tuit, y Fernández afirmó que “el formulario lo llenaron personas del equipo de Sartori. Yo no firmé nada”.
Sartori agregó: “Yo no estoy a cargo de organizar los formularios de cómo se contacta a la gente cuando alguien está interesado”.
A propósito de la divulgación de sus datos personales, Fernández recibió muchas llamadas y su hermana, Nora Fernández, relató el hostigamiento que vivió en los últimos días:
“Lo expusieron a una propaganda política con sus datos personales y su número de teléfono, que todo el mundo lo ve. Lo llaman a cualquier hora y le dicen las peores bajezas”.
“Mi hermano es analfabeto, con eso creo decir todo”– Nora Fernández.
De no haber un consentimiento válido por parte del propietario de los datos personales, por ejemplo, porque no se informó correctamente la finalidad, “no hay delito”, explicó la abogada especializada en privacidad, Bárbara Muracciole.
En ese caso, hay incumplimiento a las disposiciones de la ley 18.331. “Eso se sanciona con penas administrativas que implican principalmente multas”.
