No toquen nada confirmó que en 2014 el Centro de Propietarios de Automóviles con Taxímetro del Uruguay (Cpatu) registró en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial la marca y el logo exacto de Uber.
La propiedad de la marca entró en vigencia en marzo de este año y fue concedida por un plazo de 10 años hasta 2025.
El acceso a la base de datos de DNPI es público y allí aparecen dos registros. Uno de la Patronal y otro correspondiente al inicio del registro de Uber. En el registro de patronal figura que hay un recurso en proceso que, según confirmó No toquen nada, fue iniciado por los representantes legales de Uber en el país.
Lo que entiende Uber es que el registro de la marca tiene un vicio de nulidad porque fue hecho “de mala fe o con el propósito de verificar competencia desleal”.
Uber se ampara para su recurso en el artículo 5 de la Ley de Marcas que establece que no podrán ser registradas como marcas, motivando nulidad relativa, “los signos o las palabras que constituyen la reproducción, la imitación o la traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida o de un nombre comercial” y “las palabras, los signos o los distintivos que hagan presumir el propósito de verificar concurrencia desleal”.
Este registro puede entrar en la figura que se conoce como “piratería marcaria” pero mientras dure el proceso Uber está sin marca en Uruguay.
Uber permite contratar el servicio de transporte entre particulares, mediante una aplicación que registra los conductores y en la que los usuarios pueden pedir un traslado. Estos conductores son tratados como contratistas independientes. Desde el anuncio de su desembarco en Uruguay, la empresa ha enfrentado la resistencia de la gremial de taxistas, los sindicatos de trabajadores del transporte.
Además, las intendencias de Montevideo y Canelones afirmaron que su actividad es ilegal. Este miércoles, las autoridades comunales de la capital se reunieron con representantes de la firma para comenzar a analizar la situación.